Cuba abre la puerta que llevaba 65 años cerrada (y nadie sabe si la va a sostener)

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Esta semana pasó algo que hace una década habría sido impensable: el gobierno cubano le presentó a su propia Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas que apuntan, sin maquillaje, hacia el mercado. Banca privada. Energía abierta a capital extranjero. Empresas estatales convertidas en sociedades por acciones que se pueden vender. El primer ministro Manuel Marrero fue quien lo expuso este jueves, y la prensa internacional ya lo está calificando como el giro económico más significativo desde la Revolución de 1959.

Vale la pena detenerse ahí un segundo. No es un ajuste cosmético. Es, literalmente, el cambio de modelo más grande en seis décadas de historia cubana.

Qué hay sobre la mesa, en plata

Repasando lo que se conoce hasta ahora, las medidas más fuertes son estas:

Energía: se abre la compra y venta de combustibles a privados y extranjeros, incluido el mercado minorista. Hasta ahora ese negocio estaba bajo control casi total de CUPET, la petrolera estatal. El paquete también incluye la apertura de la banca privada, la autorización de casas de cambio privadas y la posibilidad de que inversionistas nacionales y extranjeros compren acciones de empresas estatales. También habrá incentivos fiscales para quien invierta en energía renovable, sobre todo paneles solares.
Banca: por primera vez se va a permitir banca privada, supervisada por el Banco Central, y tanto personas como empresas podrán operar cuentas en divisas. Las remesas, que durante años pasaron casi obligatoriamente por entidades del Estado, también se abren a otros canales.
Empresas estatales: se convertirán en sociedades mercantiles con acciones, lo que en teoría permite que privados —cubanos o extranjeros— compren participación en ellas. El Estado dice que se va a quedar con el control mayoritario en los sectores “estratégicos”, pero ese término, como bien señala un análisis de OnCubaNews, es un concepto cuyo alcance todavía hay que precisar.
Sector privado nacional: desaparece el límite de 100 trabajadores para las pymes privadas. Ya se puede hablar de “gran empresa privada” cubana, algo que hasta hace poco ni se mencionaba en el discurso oficial. Un mismo cubano podrá ser dueño de más de una empresa.
Inversión extranjera: el cambio más estructural quizás esté aquí. Antes, el capital extranjero solo podía entrar a través de empresas mixtas con el Estado como socio obligatorio. Ahora podría participar directamente en el sector privado, sin necesidad de asociarse con nadie del gobierno.
Bienes raíces y tierra: cubanos dentro y fuera de la isla podrán comprar inmuebles que hoy son estatales, evaluando caso por caso, incluyendo zonas turísticas de alto valor. La tierra agrícola sigue siendo del Estado, pero se entregará en usufructo indefinido para tabaco, agroturismo y silvicultura.
Y, de paso, se reduce la burocracia estatal —de 27 a 21 ministerios— y se elimina la escala salarial única, dejando que cada empresa negocie sus propios salarios.

El contexto que explica todo esto

Aquí está la parte que importa tanto como las medidas mismas: esto no nace de una convicción ideológica repentina del Partido Comunista. Nace de una crisis que ya no se puede tapar con consignas.

Cuba lleva años con apagones que duran horas, escasez crónica de combustible, colas eternas para casi todo, y una sangría migratoria que ya supera los dos millones de personas en cinco años —en una isla de 11 millones de habitantes, eso es una proporción brutal. Súmale protestas que se repiten, presión creciente de Washington (la administración Trump ya impuso sanciones secundarias contra empresas que trabajen con GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía), y un Estado que sencillamente ya no tiene plata para sostener lo que sostenía antes.

Un análisis lo resume bien: la apertura del combustible a privados es, en el fondo, un reconocimiento implícito de que el Estado ya no tiene la capacidad financiera para garantizar por sí solo el abastecimiento energético del país. Eso no es reforma por convicción liberal. Es reforma por agotamiento.

Lo que me genera dudas (y a varios economistas también)

Acá es donde toca poner el filtro de escepticismo, porque la historia reciente de Cuba está llena de anuncios grandilocuentes que después se quedan en el papel. Economistas consultados por la AFP advierten que la implementación podría verse limitada por la falta de garantías jurídicas para la inversión, la escasez de recursos humanos y la propia emigración masiva que ya mencioné. Y hay una frase que circula entre analistas que resume el problema histórico: la política económica cubana ha pecado de anunciar muchas medidas y de implementar pocas.

Eso no es un detalle menor. Es la pregunta central de toda esta nota: ¿esto se va a ejecutar en serio, o va a terminar como tantos otros “paquetes de actualización” que quedaron en buenas intenciones?

Hay otro punto que me parece clave y que casi nadie está discutiendo lo suficiente: ¿quién va a terminar comprando esas acciones de empresas estatales? Si no hay subastas transparentes y reglas claras, el riesgo real es que ese patrimonio termine en pocas manos —las mismas que ya tienen poder dentro del aparato estatal o militar— en lugar de abrirse a una competencia genuina. El propio análisis de OnCubaNews lo plantea sin rodeos: sin transparencia institucional, el riesgo es el traspaso del patrimonio público a un grupo cerrado de oligarcas. Esa palabra no es mía, es la que usan ellos, y no es casual que la usen.

Mi lectura

Este paquete reconoce, en los hechos, que el modelo de planificación centralizada que rigió desde los 60 ya no puede sostener al país. Eso es un dato político enorme, independientemente de cómo termine.

Pero anunciar no es lo mismo que ejecutar. Y ejecutar bien —con instituciones que den seguridad jurídica real a quien invierta, con reglas parejas, sin atajos para insiders— es mucho más difícil que aprobar una ley en la Asamblea. Cuba tiene la oportunidad de hacer un giro real. También tiene un historial que invita a la cautela.

Lo que pase en los próximos meses, cuando estas medidas tengan que pasar de las leyes en papel a la economía real, va a decir mucho más que el anuncio de esta semana.